En momentos en que el problema de la inmigración irregular causa estragos en los Estados Unidos y en Europa, la crisis abierta por la deportación de gitanos residentes en Francia con destino a su Rumania natal ha cobrado un protagonismo inusitado en el seno de la Unión Europea (UE) y se ha instalado en la agenda política internacional.

A mediados de agosto el gobierno francés, encabezado por su presidente Nicolás Sarkozy, determinó la expulsión de un contingente de 700 personas de origen gitano. La mayoría de ellas son nacidas en Rumania y Bulgaria.
En julio, el gobierno francés ya había anunciado una ofensiva contra los inmigrantes irregulares y la expulsión de los “romaníes”, tal como se conoce allí a los gitanos procedentes de Europa del Este. Esta campaña, que tiende criminalizar la inmigración irregular, es condenada por los grupos defensores de los derechos humanos y la oposición política.

La presión ejercida por el gobierno de Francia sobre su par rumano es fuerte. El primer ministro francés, François Fillon, envió una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, solicitando a ese organismo que obligue a Rumania a responsabilizarse de la inserción de la población gitana. En concreto, le pide que la UE tome medidas para asegurarse que los 4 mil millones de euros de fondos europeos que Rumania recibe cada año para programas de inserción son utilizados correctamente.

El gobierno francés no dispone de los medios judiciales necesarios para forzar a su par rumano a emplear esos fondos en vivienda y educación para su población, pero la UE sí puede hacerlo. Más aún: las autoridades francesas amenazaron con bloquear el ingreso de Rumania en el espacio Schengen, que consiste en la supresión de los controles en las fronteras interiores entre los Estados signatarios del Acuerdo Schengen, dando lugar a una única frontera exterior donde se efectúan los controles de entrada a dicho espacio, de acuerdo a procedimientos idénticos. El espacio Schengen abarca a los Estados miembro de la UE, excepto aquellos que manifiestamente decidieron no formar parte de él, como el Reino Unido e Irlanda, o aquellos que aún no reúnen las condiciones requeridas para hacerlo. Tal es el caso de Bulgaria, Rumania y Chipre. Es por eso que el gobierno francés amenaza con encontrarle indefinidamente la quinta pata al gato al ingreso rumano al espacio Schengen, si las autoridades de ese país no se comprometen a retener a los gitanos.

El gobierno rumano por su parte, reclama un programa de integración europea de los gitanos. No es la primera vez que desde Bucarest se propone algo semejante. Ya sucedió en 2008, cuando la población gitana en Italia, compuesta en parte por ciudadanos de origen rumano, sufrió el acoso de las autoridades. Incluso el Consejo Europeo encargó en la primavera de 2009 a la Comisión Europea la elaboración de un plan de integración, pero luego quedó en la nada.

En principio no se trata de expulsiones forzadas, sino de personas que se han acogido a la ayuda del retorno voluntario, una medida que consiste en la entrega de 300 euros por adulto y 100 por niño. Quienes reciben estas ayudas son incluidos en un registro para que, si vuelven a Francia, no puedan volver a cobrarlas si son repatriados.

El problema radica en que los ciudadanos rumanos y búlgaros tienen libertad de circulación por Europa desde que sus países ingresaron en la UE en 2007. Sin embargo, algunos países, como Francia, han impuesto una moratoria transitoria hasta 2012 que puede ampliarse hasta 2014. Concretamente, estos ciudadanos pueden permanecer hasta tres meses en el territorio francés de forma regular. Más allá de este plazo, deben contar con un contrato de trabajo o cursar estudios. En caso de encontrarse sin papeles, pueden ser expulsados, pero legalmente pueden regresar de nuevo a Francia y permanecer en el país otros tres meses. Además, se los obliga a pedir un permiso de trabajo y se les restringe el acceso al mercado laboral a una lista de 150 empleos.

Técnicamente, los gitanos no pueden ser expulsados como grupo o comunidad, tan solo si cometen un delito, alteran el orden público o si se les considera una carga para el Estado. Cada expulsión debe ser gestionada de forma individual. Sin embargo, el gobierno francés desmanteló ya más de cincuenta campamentos irregulares obligando a muchos a desplazarse de un terreno a otro. Sólo durante 2009, la oficina francesa de Inmigración de Interior repatrió a unos 10 mil gitanos.

Los opositores a las medidas adoptadas por el gobierno francés advierten que la campaña de Sarkozy puede empeorar la estigmatización de una comunidad que, según la Comisión Europea, sufre sistemáticamente los prejuicios de las sociedades que la acogen. El mayor temor es que se desencadene una reacción xenófoba con la crisis económica que sacude a Europa como telón de fondo. Ante este cuadro de situación, Algunos municipios gobernados por partidos políticos de izquierda, han desafiado la política de Sarkozy, cediendo a los gitanos terrenos o locales para su realojo. La postura de Sarkozy respecto de la inmigración irregular en general y de los gitanos en particular resulta por lo menos paradójica cuando se recuerdan sus orígenes como hijo de padres inmigrantes, uno de ellos perteneciente a un pueblo también perseguido como el judío.

Independientemente del conflicto global que supone la inmigración irregular, en el caso de los gitanos europeos se agrega el de su condición de ciudadanos de UE. Pero además, se pone de relieve la realidad de los gitanos como nación sin Estado, una condición que afecta en la actualidad a los kurdos en Medio Oriente y afectó en el pasado a los judíos, antes de la fundación del Estado de Israel.

Aunque no hay estudios definitivos, se estima que los gitanos son originarios de la actual India y emigraron durante siglos. Fueron fuertemente perseguidos en España durante el siglo XVIII. También fueron perseguidos, deportados a campos de concentración y asesinados masivamente por el nazismo.

Actualmente no existen datos precisos sobre su población total, porque en muchos países está prohibido realizar registros étnicos. En otros, las estadísticas oficiales no contienen información de esa clase. En cualquier caso, se estima que hay cerca de 10 millones de gitanos en el Viejo Continente, constituyendo actualmente la minoría étnica más numerosa de la UE, aunque están presentes también -aunque en menor proporción- en el resto del globo (sólo en Argentina se estima que la comunidad gitana alcanza las 300 mil personas).

Su población está compuesta por numerosas comunidades, diferenciadas por su forma de asentamiento, cultura, religión, situación legal, lengua y período de migración. La situación legal del pueblo gitano difiere de unos países europeos a otros, así como de unos grupos a otros, dependiendo de la época en la que emigraron a cada lugar y fueron reconocidos como una minoría étnica o nacional. En todo el continente se enfrentan a una exclusión peor que la de cualquier otra comunidad, especialmente cuando se trata de acceder al empleo, la educación, la sanidad o los servicios sociales.

La mayoría de los emigrantes gitanos actuales son originarios del centro y el este de Europa, principalmente de Rumania, Bulgaria y la República Checa, donde también padecen prejuicios étnicos. Muchos acaban viviendo en los márgenes de las ciudades occidentales del continente, durmiendo a la intemperie o viviendo en campamentos de condiciones precarias. Sobreviven mendigando, vendiendo flores en las esquinas, tocando música en lugares públicos, vendiendo chatarra o realizando otros trabajos similares.

Teniendo como antecedente al nazismo, que disfrazaba su antisemitismo con eufemismos y se refería a “la cuestión judía”, sería deseable que los europeos hayan aprendido esa lección y no aborden ahora “la cuestión gitana” pensando en alguna clase de “solución final”.

Lic. Prof. Mariano G. Yakimavicius
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